Las empresas que fueron socias de la constructora brasileña Odebrecht, serán implicadas en el Decreto de Urgencia 003. Como se sabe, el Congreso aprobó ayer el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del mencionado decreto.

El proyecto se exoneró de segunda votación ya que la mayoría a favor fue abultada: 55 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones.

En el debate, se discutió sobre si se debe considerar el porcentaje de participación de las empresas, pues el proyecto solo contempla a aquellas que hayan intervenido en más del 10%.

“No existe corrupto chiquito, mediano o grande. No podemos hablar de porcentajes, el corrupto es corrupto y hay que castigarlo”, dijo Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso.

En ese contexto, los parlamentarios Víctor Andrés Belaúnde, de Acción Popular, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, se mostraron en contra. “O sea las empresas que tuvieron una participación menor al 10% no son corruptos y no deben de ser enjuiciadas. Claro que sí. No debería hablarse de porcentajes”, objetó Rozas.

Tras estas objeciones, se acordó que el porcentaje se camiaría a 5%, con lo que empresas como Graña y Montero y JJC quedarán incluidas en el Decreto de Urgencia.

Lo que plantea la norma es que las compañías condenadas por actos de corrupción o que haya confesado delitos de este tipo ya no puedan transferir dinero del país hasta que se haga efectivo el pago total de la reparación civil a favor del Estado y tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia.

Críticas

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, rechazó la medida tomada por el Congreso. En declaraciones a El Comercio.

“Me sorprende que el Congreso apruebe una ley en ese sentido […] Hay empresas de ingeniería nacional que merecen pasar por lo menos por el Poder Judicial en vez de que sea maltratadas por un decreto”, dijo Benavides.

Por otro lado, la empresa Graña y Montero sostuvo que la norma va contra la constitución y que afecta a sus más de 20 mil trabajadores.

El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”, expresó en diálogo con el mismo medio.