pedro pablo kuczynski

De acuerdo con el diario El País, el Perú corre el riesgo de perder su candidatura a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto, debido a una antigua deuda que se ha ignorado en los últimos gobiernos.

Se trata del “reiterado incumplimiento” en la subsanación de los bonos emitidos luego de la Reforma Agraria. Cabe recordar que entre 1969 y 1979 se expropiaron cerca de 10 millones de hectáreas a cambio de bonos.

Muchos de los acreedores de los mencionados bonos nunca fueron reembolsados y hoy por hoy la deuda ha aumentado a la suntuosa cifra de cinco mil millones de dólares.

De acuerdo con El País, el 20% de dichos bonos ha pasado a pertenecer a inversores internacionales, entre los cuales se encuentran 200 fondos de pensiones de Estados Unidos. El resto pertenecería todavía a cerca de 5,000 familias peruanas. Precisamente, serían estos 200 fondos de pensiones los que recientemente emitieron una misiva a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, para descartar la postulación del Perú a formar parte de este importante organismo.

La carta incluye un informe realizado por Hans J. Blommestein, responsable de la dirección de deuda pública de la OCDE entre 2001 y 2016, que concluye que los bonos aún se encuentran impagados y representan deuda soberana legítima. “Instamos a que se suspenda la candidatura que Perú ha presentado para ser admitido como futuro país miembro en el seno de la OCDE, al menos hasta que el país, en su informe financiero, brinde información veraz sobre el monto de la deuda representada por los Bonos de la Reforma Agraria, y resuelva la situación que atañe a la deuda aún pendiente de pago”, argumentan los demandantes.

El informe de Blommestein recuerda que el Tribunal Constitucional de Perú reconoció la obligación de este país a pagar los bonos hace más de 16 años. En 2013 el mismo Tribunal emitió un fallo en el que establecía que el pago de la deuda debía vincularse al dólar, lo que no satisfizo a los acreedores debido a la devaluación e hiperinflación que ha sufrido la economía local durante las últimas décadas, lo que reduciría notablemente en monto de sus compromisos.

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