Federico Prieto Celi
Ex director de 'La Prensa', doctor en derecho, periodista y analista político

El Fiscal Anticorrupción Supraprovincial Hamilton Castro anunció el cinco de enero pasado que los treinta millones de soles que entregará en dos partes la empresa brasileña Odebrecht a lo largo de un mes ingresarán a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, Conabi del Perú.

De acuerdo a ley, con ese dinero, que se guarda en cuentas bancarias de esta institución, se potencia a entidades que combaten al crimen organizado y las investigaciones de las Fiscalías Anticorrupción,  de Lavado de Activos y de la Policía Nacional. Los inmuebles, como casas y terrenos y vehículos, joyas y otros valores incautados que son puestos a disposición de Conabi del Perú son rematados, para convertirlos en dinero que ingresa a las mencionadas cuentas.

¿Cuánto dinero ha ingresado en Conabi del Perú, entidad dependiente de ese cajón de sastre que es la Presidencia del Consejo de Ministros, desde su creación hasta ahora y de qué manera se ha invertido para combatir el crimen organizado y la corrupción política dentro del Estado? Es interesante que se dé a conocer cifras y destinos, porque ordinariamente, los ingresos y gastos del Estado pasan por la caja única que es el presupuesto general de la República, que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El periodista mexicano Manuel Rosete Chávez define el vómito negro como devolver lo saqueado, en términos de corrupción política, pero antes, la expresión se ha usado en el ambiente comercial como el acto de pagar una deuda después de haber hecho una inversión fallida, es decir, en vez de ganar un dinero lícitamente en un negocio, pagar un dinero imprevisto después de que un negocio ha salido mal. En síntesis, perdida sobre pérdida. Cornudo y apaleado, dice el vulgo.

El Perú ha hecho un mal negocio contratando a Odebrecht y ahora intenta recuperar el dinero perdido. Como ya han adelantado algunos políticos es posible que esos treinta millones como pago inicial sea una cuota baja en relación con el total del monto perdido por el Estado, por lo que se inicia un proceso largo y complejo para definir el costo total y recuperarlo.

Mientras tanto, el dinero que vaya entrando a Conabi del Perú se irá gastando en investigaciones y actos destinados a la lucha anticorrupción. Al final debe hacerse un balance de gastos e ingresos, para que la opinión pública valore si, además de haber intentado -y parcialmente logrado- hacer la mayor justicia posible dentro de lo que cabe, ha ganado o ha perdido plata.

Porque si todo lo que ingresa a Conabi del Perú se gasta en la lucha anticorrupción, es obvio que no se invertirá directamente en el desarrollo de las poblaciones pobres ni en la inclusión social de las regiones abandonadas, ni en el mejoramiento de la salud y la educación del pueblo, sino solamente en las actividades encaminadas a recuperar lo perdido. Se perdió en la corrupción y se gastó en la anticorrupción. Pero no llegó ni al MEF ni a las regiones ni a los municipios.

Es conveniente igualmente conocer si las ONGs destinadas teóricamente a la lucha en favor de los derechos humanos y en contra del narcotráfico, corrupción y educación cívica y política se llevan una tajada o no de Conabi del Perú; y si fuera el caso, cuánto se destina a gastos administrativos, como sueldos, y cuanto a acciones concretas que tengan una eficacia puntual en esos organismos no gubernamentales.

En un mundo que camina rápidamente hacia la transparencia de la función pública, saber cómo ha ido la economía en Conabi del Perú –dicho sin ningún prejuicio ni voluntad de daño- sería positivo para la opinión pública del país. Esta tarea podría corresponder quizá a la nueva Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ha anunciado Fernando Zavala.

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