Angello Alcázar Jiménez Alcazar
Estudiante de Sociología y Literatura en la Universidad McGill, Canadá. Devorador de libros, nadador, amante de las lenguas, el cine y el teatro.

A un mes del día del maestro, los docentes en huelga continúan causando estragos y las autoridades regionales reafirman su falta de firmeza al pasar por alto la violencia y el radicalismo.

Tras la desolación y los desbarajustes que ocasionó el Niño costero en la primera mitad del año, la controvertida huelga magisterial ha tomado su lugar como la mayor crisis del país, poniendo de relieve las falencias y la precariedad de nuestro sistema educativo, así como la escasa catadura moral de los docentes y los dirigentes sindicales involucrados.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), el 25% de los maestros a nivel nacional (aproximadamente unos 100,000) ha paralizado sus labores, haciendo caso omiso a sus advertencias y marchando a tropel por los cuatro puntos cardinales del Perú, reclamando concesiones imposibles de satisfacer. Luego de la reunión entre el primer ministro Fernando Zavala, la titular del Minedu, Marilú Martens, y los gobernadores regionales, se acordó que aquellos profesores que no volvieran a sus centros de trabajo el día 7 de agosto fueran objeto de descuentos. El mismo presidente Kuczynski indicó que el tema debía quedar “zanjado” para esa fecha. Contra todo pronóstico, el día de ayer los alumnos cusqueños fueron a sus colegios junto a sus padres, ansiosos por retomar el año escolar, y se dieron con la sorpresa de que los pocos maestros presentes solo habían ido para firmar la lista de asistencia y continuar con la huelga. Ahora más que nunca las predicciones para la reanudación de las clases pierden credibilidad y el carácter de la protesta comienza a tomar visos de mal endémico.

Recordemos que el epicentro de la huelga tuvo lugar en el departamento del Cusco, en donde el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (más conocido como Sutep) solicitó tanto el aumento del piso salarial como la postergación de la evaluación docente hasta el próximo año. Como resultado de las galopantes fricciones y el descontento generalizado de los maestros, se produjo un acuerdo entre el Sutep y el Minedu, el cual reconoció el aumento del salario promedio de 1,780—el cual es producto de un incremento en el primer trimestre del año en curso—a 2,000 soles a partir de marzo del 2018.  Asimismo, se le aseguró al cuerpo docente que se mantendrían las 30 horas pedagógicas de trabajo y que se haría efectivo el aumento de las plazas para el concurso de la carrera pública magisterial de 22 mil a 34 mil, además de ofrecer jornadas de profundización para que pudieran sentir mayor seguridad al rendir las evaluaciones y maximizar sus beneficios laborales (incluyendo luto, sepelio y CTS).

Claramente, la apertura al diálogo y las buenas directrices que adoptó el Minedu al tratar de conciliar las inhibiciones y los reclamos de sus trabajadores no obtuvieron el resultado que se esperaba. Un grupo de dirigencias regionales extremistas y sectarias—como el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare), Sute Democrático y los disidentes del Sutep—presuntamente ligadas a movimientos de orientación comunista tales como Movadef, Sendero Luminoso, Puka Llacta y el partido Patria Roja, rechazaron tajantemente lo propuesto y materializaron la transición de un acto de protesta pacífica y constitucional a uno más bien vandálico que no guarda coherencia alguna con la labor formativa de los huelguistas.

Solo por citar algunos casos, en el Cusco los profesores derribaron un muro del aeropuerto Velasco Astete; en Puno, quemaron llantas al exterior del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca; y en Junín bloquearon una pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. Todo ello sin la menor manifestación de interés por el prójimo y un desconocimiento—acaso una burla grotesca— de las leyes. El factor agravante es que muchos maestros se ven en la práctica obligados a formar parte del movimiento, como sugiere el testimonio que compartió una docente de Puno con El Comercio: «Los padres de familia me piden que vuelva a clases. Pero no puedo porque sería hostigada por los dirigentes».

Es innegable que el descontento que acompaña al quehacer magisterial en nuestro país está totalmente justificado. Según el exministro de Educación Nicolás Lynch, solo el 3.8% del PBI es destinado al sector educación. Hay una absurda brecha salarial y una bajísima valoración social de la docencia que ha conllevado a tener aspirantes cada vez menos calificados. Es verdad que tenemos maestros «proletarizados» (como los llamó el periodista y sociólogo Fernando Rospigliosi en su columna de la semana pasada) que se rompen el lomo y se sacan la mugre a diario para sacar adelante a los niños y niñas que con justicia llamamos «el futuro del país». El consejero de educación Hugo Díaz Díaz sostiene que para revertir esta situación hace falta lograr en primer lugar un consenso nacional que favorezca el desarrollo meritocrático del docente, en comparsa con un compromiso por incrementar el piso salarial de manera progresiva.

Sin embargo, lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es engarzar aquellas carencias con la barbarie y la desfachatez que hemos podido observar no solo en los últimos 50 días, sino a lo largo de toda nuestra historia republicana. Es injustificable que por reclamar nuestros derechos (sean pecuniarios o de cualquier otra naturaleza) seamos capaces de violar los de terceros y quebrantar la ley de la manera más flagrante. Los descuentos deben hacerse efectivos y el Ministerio del Interior debe adjudicar la responsabilidad por los actos delictivos que se han cometido y aplicar las sanciones correspondientes.

Quizás de esa manera podamos recordar que la principal tarea del maestro es sacar al pueblo de la ignorancia y no dar cauce a su propagación.

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