Alfredo Gildemeister

Abogado Ph.D. Universidad de Navarra – Catedrático de la U. del Pacífico

¿Se imaginan a una familia cuya casa o departamento está literalmente destruida por un huayco, pagando el impuesto predial del año o tributando arbitrios? Parecería una tomadura de pelo ¿O no? ¿Se imaginan ustedes a una persona cuya casa quedó literalmente bajo el agua, piedras y fango en Piura o en Catacaos, por el desborde del rio del mismo nombre, o en Trujillo o en Chiclayo o en Huarmey o en Tumbes, teniendo que pagar impuesto a la renta? Finalmente, ¿Se imaginan a todas aquellas personas que, haciendo un gran esfuerzo económico, adquirieron un auto para poder movilizarse o hacer taxi o colectivo para ganarse la vida, pagando el Impuesto Automotriz? Parecería una locura que estos cientos de miles de personas damnificadas o afectadas por fenómenos naturales, que lo han literalmente perdido todo, tengan que además de preocuparse de reconstruir sus casas, recuperar o adquirir los bienes más esenciales para sus vidas como buscar alimentos, agua, ropa, un techo que los proteja -pues en algunas partes sigue lloviendo- tengan que preocuparse en buscar fondos ¡Para pagar sus impuestos!

Recuerdo que, a mediados del primer gobierno de Alan García, ocurrió uno de los más terribles huaycos que se tenga memoria, y que destruyera gran parte de Chosica. El gobierno de García promulgó a los pocos días un decreto de urgencia mediante el cual se declaraba la exoneración de impuestos para los damnificados de Chosica. Era una medida obvia y bien promulgada puesto que, así como el Estado tiene el derecho –en virtud de su poder impositivo y soberano- de crear tributos para la consecución del bien común de la sociedad civil, y los contribuyentes tienen la obligación de pagarlos para ese mismo fin; de otro lado, el Estado también tiene la obligación de declarar la exención o exoneración de tributos cuando los contribuyentes se vean impedidos de poder tributar al Estado por razones como las que estamos viendo en estos últimos dos meses, como son los daños causados por los fenómenos climáticos a los que se han visto sometidos medio Perú, especialmente las poblaciones desde Huarmey hasta Tumbes –por no mencionar el sur de Lima hasta Ica inclusive-. Diez años más tarde, García en su segundo gobierno, ante el terremoto de agosto de 2007, cuyo epicentro estuvo en Pisco y destruyó esa ciudad, así como Ica, Chincha, los pueblos en el valle de Cañete, etc. demoró en demasía, varios meses, al otorgamiento de una norma de exoneración de tributos, y finalmente estableció sólo una simple prórroga para el pago de ciertos tributos, pero no los exoneró, puesto que el afán de recaudación pudo más y se impuso. Esto viene sucediendo en el país desde hace ya varios años, en donde las netas de recaudación se consideran por encima del bien común, de las necesidades de cientos de miles de personas afectadas y sus familias.

¿Qué es lo que el Estado debe hacer hoy ante esta terrible situación? ¿Promulgar una amnistía o una ley de exoneración tributaria para aquellas personas naturales que no puedan cumplir con el pago de sus tributos? Algunos han señalado que solo se debe amnistiar en lo que a intereses y multas se refiere, pero no al tributo en sí, y solo a partir de la declaración del estado de emergencia. Obviamente, una persona damnificada que no tiene ni para comer ni beber agua, menos tendrá para pagar tributos, y menos para pagar intereses y multas. Primero es la persona humana y su familia como bien establece la Constitución. De otro lado, no es suficiente posponer o aplazar las fechas de declaración y pago de los tributos. Consideramos que debe exonerarse de los tributos mencionados a los damnificados. Si bien es cierto, en el caso de renta, predial y automotriz se trata de tributos de periodicidad anual, consideramos que la situación amerita una norma de excepción y la modificación inmediata de las normas pertinentes correspondientes que establecen dicha regla de periodicidad anual.

Los damnificados no pueden pues esperar. Su bien común lo exige. ¿Se imaginan a la SUNAT o al SAT o a los gobiernos locales o a los ejecutores coactivos correspondientes, interponiendo medidas de embargos, cierre de locales, etc. sobre los pocos bienes –si es que queda alguno- u ordenando el cierre de las cuentas bancarias de los damnificados? ¿Lloverían las acciones de amparo? ¿Y las empresas que han sufrido terribles daños en sus activos? Habría que ver si no fueron indemnizadas por las compañías de seguro. En todo caso, limitémonos en este artículo sólo a las personas naturales para comenzar. Son las que más urgentemente requieren ayuda y en el tema tributario, ¡el Estado debe otorgárselas! Sin embargo, el gobierno opta por promulgar una norma de SUNAT en donde se otorgan solo meras “facilidades” para los contribuyentes, especialmente para las empresas, y sólo en las zonas declaradas en estado de emergencia desde el 1 de enero al 7 de abril de 2017 (Res. de Superintendencia No. 100-2017/SUNAT). Una de esas facilidades es la solicitud de libre disposición de los montos depositados en sus cuentas del Banco de la Nación. ¿Y qué sucede con las personas naturales damnificadas? ¿Basta solo con prorrogarles el plazo para el pago de tributos y presentación de declaraciones juradas para los meses de julio y agosto de este año? ¡Por favor! Parece una broma de mal gusto. No se trata de meras facilidades, sino que esta gente no tiene qué comer o donde vivir. ¡y menos tendrá con qué pagar tributos! Su capacidad contributiva se ha visto pues afectada tremendamente.

El tiempo apremia y estas personas que no tienen ni qué comer y beber, ni una vivienda donde guarecerse, etc. no se les puede presionar ahora para que paguen un tributo y presenten declaraciones, que las circunstancias naturales han originado que no puedan presentar y menos pagar. El Estado debe de tomar una decisión más de fondo al respecto y no conformarse con el otorgamiento de meras facilidades. ¡Se imponen un régimen excepcional de exenciones tributarias ya!