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El último miércoles, el diputado y dirigente opositor Andrés Velásquez, anunció que un grupo de partidos de la MUD se preinscribiría para participar en los comicios del 10 de diciembre.
Andre Villacorta
Periodista. Estudiante de Comunicaciones de la Universidad de Lima.

La oposición venezolana atraviesa estos días un dilema insoslayable. El 10 de diciembre, según confirmó a fines de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE), se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales en Venezuela. (En realidad, los comicios para renovar a los alcaldes y gobernadores debieron darse en el 2016, pero como en ese país los procesos electorales se realizan según los ánimos del CNE, fueron pospuestos en su momento bajo argumentos inverosímiles).

La convocatoria electoral ha puesto a prueba las trémulas costuras que todavía mantienen enlazados a los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para ser sinceros, hasta ahora, el desafío ha dejado ver más grietas que solidez en la alianza.

Por un lado, un grupo de partidos (la mayoría, según anuncian sus voceros) quiere competir en las elecciones regionales. Por el otro, un fragmento reunido en torno a la ex diputada María Corina Machado, se niega a hacerlo.

Los primeros están convencidos de que el masivo rechazo que concentra el régimen en las calles se traducirá en una contundente victoria en las urnas. Alegan que es tan babilónico el porcentaje de venezolanos que reniega del chavismo que ni siquiera con trampa podrían ganarles. Creen, además, que su sola inscripción en el proceso pondría pálido a Maduro y aseguran que el ‘coste de oportunidad’ de no participar –a hacerlo– es inadmisible: no inscribirse en el proceso sería, prácticamente, regalar al chavismo las 23 regiones del país. Para esto último, además, recurren a un recuerdo plúmbeo. En el 2005, la negativa de la oposición a participar en las elecciones legislativas –a modo de protesta– tuvo un resultado calamitoso; el chavismo y sus aliados ocuparon casi todas las curules y obtuvieron un poder absoluto en el Congreso durante cinco años.

Los que se resisten a participar, por el contrario, afrman que ir a unas elecciones con el chavismo implicaría legitimar la dictadura que ellos mismos vienen denunciando. Más aun cuando la presión sobre el régimen ha empezado a surtir efectos a nivel internacional. Casi casi como embocarse un autogol luego de haber sufrido apretando al rival durante los 90 minutos.

Me inclino por estos últimos.

Para comenzar, es muy probable que los comicios de diciembre sean una pantomima con reglas tan absurdas como las que rigieron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El propio Nicolás Maduro, en su sofamero discurso del 31 de julio, previno a la oposición de que solo podrían registrarse en las elecciones subnacionales aquellos candidatos que se plieguen a una “comisión de la verdad” instalada y dirigida por la fraudulenta ANC.

Como para remarcar esto, Diosdado Cabello –el segundo más importante del chavismo– anunció hace unos días que solo participarían en las elecciones regionales aquellos candidatos que hayan recibido un “certifcado de buena conducta”. Es decir, para que un postulante sea habilitado, primero deberá ser examinado por la ANC y será esta, bajo sus ‘cánones’, la que decida quién va y quién no. En otras palabras, el chavismo seguiría imponiendo condiciones y usándolas para dejar candidatos fuera de carrera.

Así también, la oposición no podrá participar en siete estados (Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo) pues, según alegó el CNE el lunes, existen prohibiciones judiciales vigentes desde el año pasado. Al veto territorial se suma, además, el de los políticos de oposición que están impedidos de ejercer cargos públicos, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles que en abril último fue inhabilitado por 15 años debido a una denuncia de la contraloría.

Por encima de todo esto, sobrevuela el riesgo de que el régimen manipule los resultados de las urnas y termine arrogándose una falsa capa democrática de legitimidad tras los comicios. Que en Venezuela se amañan las votaciones es algo que, a estas alturas, solo un estulto negaría. De hecho, es tan descarada la adulteración de votos que la propia empresa que presta los servicios al CNE –la estadounidense Smartmatic– denunció que en la elección de la ANC se desvirtuó la cantidad total de electores en una diferencia de aproximadamente un millón de votos.

Finalmente, como señaló Machado, participar en las elecciones del 10 de diciembre equivaldría voltear la cara ante la naturaleza dictatorial del régimen chavista. Arrastrando con ello al desaguadero, además, a los más de siete millones de venezolanos que rechazaron la instalación de la ANC el 16 de julio en los comicios no ofciales organizados por la MUD.

La oposición debería continuar abogando por la exigencia de elecciones generales libres con garantía de observadores internacionales (es su derecho, como el revocatorio que fue cancelado arbitrariamente por el CNE el año pasado). Enzarzarse en una disputa democrática –como es una elección– contra una dictadura – como es el régimen de Maduro– implica un peligroso juego que no solo podría esquilmarlos políticamente, sino también, terminar por beneficiar a la tiranía.