¿Cuán grande debe ser un Estado? ¿Qué funciones conviene que asuma? Francis Fukuyama, politólogo estadounidense, hizo un aporte interesante para responder a estas preguntas. El académico proponía distinguir entre dos aspectos: alcance y capacidad. El primero se refiere a la cantidad de funciones de las que el Estado se hace – o intenta hacerse- cargo. El segundo, a la intensidad o eficacia con que las lleva a cabo. En pocas palabras, cuánto se abarca y cuánto se aprieta.

La mejor combinación para el desarrollo, de acuerdo a Fukuyama, es una de elevada capacidad con alcance moderadamente limitado. La peor sería la situación inversa, de alcance excesivo y baja capacidad (entiéndase, pretender abarcar muchas funciones y no poder cumplir satisfactoriamente con ninguna). El problema que el autor advierte, sin embargo, es que por tratar de reducir el alcance estatal –buscando la situación optima-  se ha terminado a veces reduciendo también la capacidad.

Esto habría ocurrido en parte del tercer mundo al aplicarse las reformas del Consenso de Washington, que pese a ser económicamente correctas subestimaron factores políticos. Lo que debió haberse hecho, indicaba Fukuyama, es acompañar la reducción del alcance con medidas para fortalecer la capacidad. Sin duda es importante que así sea. Es necesario considerar, sin embargo, que reducir el alcance del Estado -haciéndolo bien- puede también aumentar por si solo su capacidad. Esto ocurriría, creemos, si sirve para redireccionar recursos a un número menor de funciones realmente importantes.

 Este parece haber sido el caso del Perú, donde de 1985 (en plena estanflación) al 2000 (recién finalizadas las reformas) la regulación mejoró en 39.8% y el sistema legal y los derechos de propiedad en 17.1%. Esto mientras el tamaño del Estado se reducía en 27. 9%[1]. Sin duda ocurrieron casos como los que menciona Fukuyama, producto de la tendencia economicista y el desconocimiento de las particularidades locales. Pero, pese a ellos, el indicador del Fraser Institute que venimos citando muestra que a nivel mundial –si bien en menor intensidad- se dieron cambios en el mismo sentido que los del Perú[2].

Junto a esta noción sobre la utilidad de reducir el alcance, hay otro punto importante al que se puede llegar partiendo de los aportes de Fukuyama. De alguna manera contracara de lo anteriormente dicho, consiste en entender la capacidad como factor limitante del nivel al que debería llegar el alcance. Se puede -por motivos distintos al desarrollo económico- querer ampliarlo, pero sin la capacidad para soportarlo el experimento será un fiasco. Ambas ideas, desde luego, deben entenderse conjuntamente con la advertencia del politólogo sobre la importancia de tomar medidas que fortalezcan la capacidad de manera paralela a la reducción del alcance.

Este triple paquete de recomendaciones resulta hoy de particular vigencia. Aun habiendo mejorado en los 90s, nuestro Estado sigue siendo relativamente ineficiente[3]. Faltó tanto reducir alcance como aumentar capacidad. Respecto a lo primero, considérese que se mantuvo elefantes blancos como Petro-Perú en clara contravención al principio de subsidiariedad. Sobre la aun deficiente capacidad, tómese en cuenta que -pese a cierto trabajo notable- buena parte de lo que se hizo fue crear islas de eficiencia en medio del pantano burocrático.

 Se avanzó, sin duda: abrir un negocio ya no toma 289 días y 32 sueldos mínimos (como en el conocido experimento del ILD de 1983). Pero también faltó mucho. Con un gobierno tecnocrático y cierta estabilidad política, podría ser un buen momento para dejar de lado conatos de retroceso como la ampliación de la refinería de Talara y ocuparse de las reformas que quedaron pendientes.

[1]  Fraser Institute: Economic freedom index < https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/graph?area1=1&area2=0&area3=0&area4=0&area5=0&type=line&min-year=1985&max-year=2014&countries=PER&page=graph>. Los indicadores más especializados ( Índice de gobernabilidad del Banco Mundial, Índice de percepción de  corrupción de Transparencia Internacional, Reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial), desgraciadamente, inician sus mediciones a mediados de los 90 o después.  Buena parte de las reformas ya se había realizado entonces, por lo que no servirían para medir sus consecuencias.

[2] Así, mientras en el mismo periodo de tiempo el Estado a nivel global se reduce en 10.6%, el sistema legal y de derechos de propiedad mejora en 10%  y la regulación en 11. 3%. <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/graph?area1=1&area2=0&area3=0&area4=0&area5=0&type=line&min-year=1985&max-year=2014&countries=PER&page=graph>

[3] The Economist, en su último Democracy Index, nos clasificaba como una democracia defectuosa. En el Reporte global de competitividad del WEF, por su parte, ocupamos el puesto 106 de 138 en la categoría de instituciones.  Según este mismo indicador, la principal traba para hacer negocios en nuestro país es -¿quién lo diría?- la burocracia gubernamental ineficiente.