En el Perú cada 2 de abril desde hace más de setenta años, se celebra el Día del Abogado. Fecha en la que muchos peruanos celebran a voz alzada el hecho de serlo pero no parecerlo. Mensajes de saludos, felicitaciones y reuniones durante esa fecha, van y vienen. Es aquel día en el que inflan el pecho y se sienten orgullosos de decir: soy abogado. No obstante, el 2 de abril debe ser la fecha, en la cual con mayor intensidad nos debemos preguntar si ejercemos la profesión con responsabilidad. No es un día de celebración, es uno propiamente de profunda reflexión.

El Derecho es una profesión humanista en la que prevemos y solucionamos problemas, pero sobre todo es aquella que nos permite aconsejar con sinceridad el camino correcto a seguir. Nosotros acompañamos al ser humano en los momentos más álgidos de su vida: desde el despojo de una propiedad hasta la privación de la libertad. La abogacía es sin duda una de las profesiones más importantes de la sociedad, donde día a día un ciudadano deposita su confianza y coloca en nuestras manos su futuro, ese tan solo compromiso que asumimos nos exige a actuar con responsabilidad.

Repasemos tan solo un espacio de actuación del abogado: el Poder Judicial. Acudimos a éste con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, amparados bajo la legalidad y de la forma más pacífica en la que se debe tratar una cuestión de derechos; sin embargo, la eficacia de la actuación de justicia encuentra un problema fundamental en el factor humano, aprovechando los vacíos o ineficiencias del sistema, los abogados han sabido sacarle la vuelta a éste alargando las decisiones judiciales, y claro está evitando su cumplimiento. El derecho al debido proceso y el acceso a la tutela jurisdiccional comprenden un proceso sin dilaciones. Hoy, las prácticas dilatorias y la mala praxis de los abogados en la demanda, emplazamiento, actuación procesal y sentencia representan: (i) ampliación del tiempo del proceso, (ii) perjuicio económico y (iii) limitación al acceso y disfrute de derechos. Añadido a ello, las recientes acusaciones de corrupción en las contrataciones públicas, en la emisión de laudos arbitrales y la paupérrima defensa de los abogados profundizan la herida.

La ciudadanía ha perdido la fe en el Derecho y en nosotros, ha observado que al trascurrir los años esta profesión ha dejado de ejercerse con responsabilidad desde todos los frentes. Tan es así que, hemos llegado a crear un Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. Sonará fuerte pero la profesión se ha manoseado. Atrás quedaron los años maravillosos donde ésta representaba excelencia; no obstante, tenemos abogados con altas credenciales personales y profesionales que luchan constantemente para que el ejercicio profesional vuelva a ser el mejor. Hoy, nuestro deber es reflexionar, comprometernos y establecer las nuevas bases del Derecho a fin de recuperar esa confianza y amor propio por la profesión. Recordemos que la sociedad reclama justicia y nosotros somos los indicamos para atender ese llamado.